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Malagón

Malagón

Las presidenciales de 2012 marcan hasta el momento el récord en la factura a pagar para conseguir el ansiado sillón en el Despacho Oval. Su actual inquilino, Barack Obama, y su entonces oponente, Mitt Romney, se gastaron un total de 2.300 millones de dólares (algo más de 2.000 millones de euros) en sus respectivas campañas. En la desesperada carrera por ver quién tenía la billetera más larga ganó el republicano (1.200 millones de dólares), quien al final es hoy poco más que un recuerdo en la mente de los votantes estadounidenses. Este dato puede servir para sentenciar que el dinero no le puede comprar la presidencia (todavía) de la nación más poderosa de la tierra a nadie. Sin embargo, la realidad dice que sin ese dinero la presidencia no es más que un sueño que añadir a los muchos que pueblan la mitología del llamado país de las oportunidades.

Nadie sabe a ciencia cierta el costo que tendrán las presidenciales de 2016. Lo que se sabe es que superarán, en mucho, las cifras de hace cuatro años. El entorno de Hillary Clinton, la (a día de hoy) candidata más fuerte, ha dejado caer que su campaña saldrá por unos 2.500 millones de dólares. La pregunta que se cierne es simple: ¿de dónde sale todo ese dinero? La respuesta es más simple ―a la par que lógica e inquietante― todavía: de los millonarios, que en EE.UU. son muchos y extremadamente poderosos.

El gran problema que semejantes cifras asociadas a las campañas políticas (pasa lo mismo en cualquier elección por pequeña que sea) han colocado encima de la mesa es hasta qué punto las fortunas más importantes de EE.UU. están marcando (por no usar otro verbo mucho más peligroso como comprar) el devenir político. Históricamente lo primero que se necesita en EE.UU. para iniciar una carrera política es dinero. Mucho. El problema es que nunca como hasta ahora esa necesidad de fondos ilimitados había sido tan determinante.

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